#YoNoFirmo : Seguridad de Urgente Consideración

Reafirmá tus derechos, reafirmá la Democracia es la consigna que han elegido desde el Frente Amplio, el PIT CNT y la Intersocial para llevar adelante la campaña contra los ciento treinta y cinco artículos de la Ley de Urgente Consideración que pretenden derogar pero aunque dicha consigna podría ser cuestionada por el sutil mensaje acusatorio que se deduce de ella, sería un error centrarse en las premisas o en los lemas que a diario nos podemos encontrar en las redes sociales o en los discursos sensacionalistas pues le resta importancia a un asunto que necesita ser discutido con seriedad pero aunque no deseo centrarme en la campaña considero que sí debe destacarse la irresponsable conducta del Senador Andrade, quien a costas de la gobernabilidad nacional busca el rédito político al declarar que el referéndum no es sólo contra los artículos que se acabarán olvidando sino que también es contra el gobierno. Habiendo señalado este lamentable hecho es momento de abandonar las rencillas políticas para adentrarnos en lo que en verdad preocupa, pues aunque la Gestión Larrañaga ha conseguido reducir los hurtos, las rapiñas y los homicidios, la seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones de nuestro país.

Seguridad de Urgente Consideración

En caso de alcanzar las 670.000 firmas necesarias para el referéndum, en materia de seguridad ciudadana se buscaría anular treinta y tres de los artículos aprobados en el Parlamento, por esta razón me dedicaré a analizar aquellos que me resultan más relevantes por su impacto directo o indirecto; aún así, te invito a ingresar a este enlace para leer cada uno de los artículos por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones. Comencemos.

  1. Legítima Defensa

    Para argumentar la necesidad de deshacerse de las modificaciones aprobadas se nos dice que se restan garantías, que se posiciona el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vida, generando a su vez una confusión sobre sus límites además de una idea de falsa protección de la actividad policial pero cuando se lee la normativa no se aprecia esto, al contrario, nos encontramos con una norma que establece lo siguiente :

    Límites reales de la propiedad, tanto en el campo como en la ciudad, ampliando los mismos para contemplar la realidad nacional actual

    Legitimación de la defensa basado en el peligro derivado de una agresión sufrida, o en pocas palabras, si un criminal nos ha herido, es legítimo dispararle, a la vez que se especifíca que cuando se vulnera el derecho patrimonial debe darse una respuesta proporcional, es decir, no se le dispara con una escopeta a quien nos intenta abrir el auto.

    En caso de estar repeliendo una agresión contra sí mismos o contra un tercero, siempre que se hubiesen agotado las posibilidades de disuasión, los funcionarios policiales o militares ejercerán la legítima defensa cuando se dé una respuesta proporcional y progresiva. 

    No existe mejor ejemplo para esto que cuando un funcionario policial debe abrir fuego cuando les intentan robar el arma, el chaleco o la radio, estando comprometida su vida en dicho acto

  2. Autoevasión

    Para argumentar la necesidad de deshacerse de las modificaciones aprobadas se nos dice que con esta normativa se castiga el intento de cualquier sujeto de buscar la libertad, siendo la misma un buen superior del Ser Humano, no habiéndose castigado antes en nuestro país pero en primer lugar, nuestro sistema legal establece en qué casos el Estado puede privar de la libertad a un ciudadano por lo que no estaríamos hablando de cualquier sujeto sino que sería específicamente para reclusos, condenados y detenidos que se ausenten, evadan o fugen del castigo dictado por su anterior crimen.

    Esta medida, al igual que aquella que condena a los antes mencionados por destruir elementos de propiedad pública como lo son las tobilleras electrónicas es necesario para disuadir cualquier intento de incumplimiento de la sentencia judicial
  3. Crímenes vinculados a estupefacientes

    Para argumentar la necesidad de deshacerse de las modificaciones aprobadas no sólo se nos dice que debemos pensar en la situación de mujeres con hijos sino que se nos aclara que el énfasis no debería ser contra los pequeños traficantes pero debe decirse que la modificación a la que se refieren es aquella que condena el uso de un hogar para distribuir, vender o almacenar sustancias ilícitas siendo necesario para combatir a las famosas bocas que aunque se piense en las mismas como inocuas, son en buena parte responsables de los episodios de violencia entre bandas, de ajustes de cuentas, de problemas sanitarios vinculados al consumo de drogas, así como también de hurtos y rapiñas que se cometen para saldar deudas o para adquirir más dosis

    Una aclaración que deseo realizar es que pensar en la situación de una mujer con su hijo no es permitir que continúen con el negocio, encontrándose ambos en constante riesgo, en especial si resulta haber una niña o adolescente. El Estado no puede hacer la vista gorda, el Estado debe conseguir reinsertar a esa madre en la sociedad mediante programas de rehabilitación como el Plan Dignidad, y el Estado debe conseguir que niños, niñas y adolescentes se desarrollen dignamente, procurando su bienestar, contención y adecuada educación mediante los sistemas de protección del INAU



  4. Redención de pena por estudio y/o trabajo

    Para argumentar la necesidad de deshacerse de las modificaciones aprobadas se establece la premisa de que al excluir crímenes de la conmutación de penas se estaría afectando el proceso de rehabilitación pero debe comprenderse que el no acceder a este beneficio no será para la totalidad de los reclusos sino para aquellos que ejercieron una desmedida violencia física y/o psicológica contra sus víctimas; los procesos de rehabilitación para quienes cometieron los siguientes crímenes no se centra en cuál es su nivel de estudios o cuán fácil le es encontrar un empleo digno, si bien influye, no es el centro del asunto en delitos de violación, de abuso sexual, de abuso sexual especialmente agravado, de homicidio especialmente agravado, de homicidio muy especialmente agravado, de copamiento y de secuestro.
  5. Agravio a la autoridad policial

    Para argumentar la necesidad de deshacerse de las modificaciones aprobadas se establece que resulta en un desconocimiento fundamental de la conducta de los jóvenes el castigar a quien obstaculice, agravie, atente, arroje objetos o amenace a los funcionarios policiales lo que personalmente me parece un insulto pues al igual que cientos de miles de jóvenes nunca he hecho estas cosas, y en este asunto nada tiene que ver la ideología política, la religión, el estatus socioeconómico o el nivel educativo sino los valores que los padres, madres o tutores legales han inculcado durante la crianza. Esto, aunque quisiera seguirlo desarrollando, lo dejaré atrás para centrarme en el segundo argumento el cual resulta ser que quien en primera instancia determine si se cometió este delito, será la policía, para luego hacerse cargo la Justicia la cual, para dictaminar si efectivamente la persona es culpable no se basará en el testimonio exclusivo del agente sino que recurrirá a las cámaras del Ministerio del Interior, a las cámaras personales de los funcionarios, a testigos, a cámaras de comercios cercanos, entre otros elementos de prueba.

Estos han sido algunos de los artículos que no deberían ser derogados en materia de seguridad pero para no extenderme más de la cuenta me gustaría invitarte a responder la encuesta de mi cuenta de Twitter – @Ordeig1 – para saber si deseas continuar leyendo sobre la Seguridad de Urgente Consideración o si deseas que me dedique a otro capítulo y en caso de que así sea, a cuál de ellos.

Hasta la próxima

Tec. Facundo O. Ordeig

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Acerca de Facundo O. Ordeig 6 Articles
Estudios de Gestión Turística y Hotelera, de Gestión de Imagen Web y de Fundamentos Morales de la Política siendo éste un Diplomado de la Universidad de Yale 26 años e integrante del equipo de asesores de La 2004, Alianza Nacional