UPM y nuestra democracia: crisis de representación

UPM

Por Rodrigo Lupinacci

Rodrigo Lupinacci
Trabajador independiente. Estudiante de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. Miembro de la agrupación política Avanza País. Batllista: republicano y demócrata radical. Fundador del blog de reflexión política republicanosuy.blogspot.com

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Esta semana se presentaron al Parlamento de la República las miles de firmas recolectadas en todo el país en rechazo al contrato Uruguay-UPM que el Poder Ejecutivo negoció y firmó improcedentemente de manera secreta y en muy discutibles condiciones de forma y fondo. A su vez, los delegados del Movimiento UPM2 NO se reunieron con la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes para exponer las muchas razones que ameritan una citación parlamentaria al Poder Ejecutivo para que éste finalmente nos entere a todos los ciudadanos sobre el proceso, el contenido, los compromisos asumidos y las posibles consecuencias de ese “contrato” firmado con la multinacional finlandesa.

De forma unánime los delegados testimonian que en la comisión encontraron dos posturas bien definidas en los parlamentarios:

A) Aquellos totalmente desinteresados en el tema, que ignoraron a quienes peticionaron la audiencia y a las razones que allí expusieron. Es simbólica la imagen que describen  sobre más de un representante absorto con su celular a lo largo de toda la reunión.

B) Aquellos que sí se interesaron, expresaron sus dudas o rechazo a ciertos aspectos del contrato, pero no esbozaron intención de llevar adelante ninguna acción de mayores proporciones en tal sentido. Es decir, admiten discrepancias grandes con lo hecho por el Ejecutivo pero desestiman actuar en el mediano plazo para contrarrestarlas. Algunos confían en poder cambiar las cosas tras un eventual cambio de gobierno, otros se quedan en el desacuerdo estéril por falta de acción.

Para refrescar un poco la memoria sobre algunas de las cosas que implica el contrato Uruguay-UPM que el Poder Ejecutivo firmó con la empresa, y que nos compromete a todos como país:

1- Uruguay asume los costos de toda la infraestructura necesaria para la empresa, incluyendo carreteras, viaductos, dragado y ampliación del puerto de Montevideo, construcción de caminos, ciudades y alojamientos para el personal de la empresa, cableado acorde, etc.

2- Uruguay se compromete a ajustar planes educativos para generar mano de obra idónea según las necesidades de la empresa.

3-UPM2 funcionará en régimen de zona franca, es decir sin pagar impuestos por lo producido, a no ser los tributos al BPS.

4- Uruguay ya solicitó -y le fue dado- un préstamo al BID por 500 millones de dólares para la construcción de las vías, estaciones, puentes, etc; del Ferrocarril Central cuyo uso es preferencial para la empresa UPM, que fijará las frecuencias diarias según su conveniencia, condicionando así el uso del mismo para otras actividades. El P.Ejecutivo ya había decidido que el fondo estabilizador de la UTE (que se financia con las ganancias de la empresa) iba a ser destinado a rentas generales para financiar parte de este proyecto (unos 300 millones de dólares más).

5- Su mantenimiento será pagado por Uruguay, con un costo de unos 148 millones de dólares anuales durante 20 años. En esos 20 años UPM pagaría sólo unos 120 millones en total por el uso preferencial del ferrocarril.

6-  UPM tendrá la potestad de regular el flujo del Río Negro (por intermedio de los embalses) según sus necesidades (exclusivas y excluyentes, privadas… casi en régimen de propiedad, lo cual es otra traición al espíritu del plebiscito por el Agua de 2004, y a la Constitución de la República) sin tener porqué dar cabida a las necesidades de ningún otro particular. Es decir, por sí y ante sí la empresa dirigirá los destinos del Río Negro y de quienes de este  hacen uso.

7- Uruguay se compromete a comprarle a UPM la energía eléctrica generada en sus procesos de producción por una suma anual de 72,5 millones de dólares durante 20 años. Por el ya mencionado manejo discrecional que tendrá UPM sobre el caudal del Río Negro, la UTE dejaría de generar el equivalente a unos 100 millones de dólares anuales en promedio. Uruguay pierde por partida doble: no produce su propia energía, y la compra al causante de esa no-producción. Con estos números, en 20 años la empresa solventará 2/3 de su inversión total por todo concepto.

8- Uruguay se compromete a incorporar a la legislación nacional  las normas que resulten de las solicitudes de la empresa (sí, así como se lee, Uruguay asume el compromiso de legislar con alcance nacional por los intereses de una empresa privada específica).

9- un largo, triste e indigno etcétera.

Cualquiera puede imaginar las muchas cosas que podrían realizarse (y los muchos miles de puestos de trabajo realmente duraderos que podrían generarse) si todo ese dinero que Uruguay gasta en beneficio de una empresa privada se utilizaran  en otro tipo de inversiones de interés nacional. En su pico máximo de actividad – que será durante la construcción, que paga en su mayor parte nuestro Estado, es decir, nosotros- los puestos generados por UPM2 serán 4.000. Parece demasiado el dinero invertido y relegado por Uruguay para tan magros beneficios directos.

Por si este escenario no fuera de por sí desolador, esta semana fuimos testigos de un nuevo capítulo del proceso de institucionalización de la extorsión. Para que se entienda, y conste en actas,  cuento a grandes rasgos este episodio: uno de los tantos referentes ciudadanos que vienen llevando adelante los diversos cuestionamientos al contrato Uruguay-UPM fue víctima de una maniobra orquestada de desprestigio. No hace falta profundizar mucho más, puesto que lo relevante y preocupante son las implicancias de fondo.  Su voz viene siendo molesta para el oficialismo en las últimas semanas dado que han tenido mucha difusión sus críticas hacia el contrato Uruguay-UPM. Hace un par de días una página de facebook oficialista, camuflada de medio noticioso, dedicada a disfrazar de noticias operaciones de desprestigio, se encargó de publicar una “noticia” con la cual se pretendía restar validez a todas las correctas objeciones que se hacen contra el contrato, apuntando a cuestiones personales de quien las señala. Este proceder no es nuevo, cabe recordar cómo  Presidencia de la República publicó en su página oficial información del colono que cuestionó fuertemente al Presidente Vázquez. Lo mismo hizo el Ministerio del Interior con manifestantes que incomodaron al Ministro Bonomi el año pasado. La práctica de la intimidación a los disidentes por medios extorsivos continúa con este caso, salvo que -aprendida la lección de no caer en la torpeza de hacerlo por medios oficiales- ahora se realiza por pseudo-medios que en realidad no son más que herramientas creadas para difundir noticias falsas y generar operaciones contra opositores de todo tipo.

Ante todo lo antedicho, es evidente que la Democracia misma está en peligro, porque las instituciones que la encausan y hacen posible hoy no solo no están cumpliendo su función, sino que están siendo ocupadas por personas que utilizan sus engranajes y estructuras para sabotear al mismo pueblo y su soberanía. En tiempos de desprestigio de lo político, de auge de populismos que capitalizan el justo desencanto con el sistema, aquí no estamos ajenos a la decadencia institucional que en parte es su causa. Aquí tenemos a un gobierno, unos representantes y una prensa que en su más amplio espectro están encolumnadas -por acción u omisión- en privar a la ciudadanía de la verdad. De nuevo; aunque suene fuerte hay que decirlo: estamos frente a un Ejecutivo que opera de espaldas y ocultando la verdad  a la ciudadanía; un Parlamento que avala esto por omisión, y no cumple su función de representar y cuidar los intereses a esa ciudadanía; bajadas de línea de diversa índole que pervierten a la visión crítica de la realidad que nos permita formularnos una idea certera de la misma.

Sólo la ciudadanía tomando conciencia de esta crisis de representación que vivimos como República, sin caer en las trampas que el mismo problema nos presenta como soluciones, y recogiendo el guante que justamente nos deja estas claudicaciones institucionalizadas, podrá regenerar los mejores valores democráticos y republicanos que pongan por delante de las ambiciones particulares el interés del soberano, la ciudadanía toda, preservando el bien común e imponiendo un freno a este secuestro de la voluntad general que se nos impone. Es la única forma ser los dueños de nuestro  propio destino.

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