Suicidio de un policía trasladado al INR reaviva reclamo del sindicato

El martes 30 de octubre, un agente policial de 35 años, F., que trabajaba en la Seccional 5 de La Paz, fue notificado que era trasladado al Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), en Colón. Estaba desarmado, ya que se le había aplicado el Protocolo de Violencia Doméstica y había sufrido un intento de autoeliminación luego de separarse. El jueves 1 de noviembre se suicidó. Sus hermanos, con los que estaba viviendo, lo encontraron ahorcado en su casa en Las Piedras.

Desde agosto estaba recibiendo contención psicológica y psiquiátrica en Sanidad Policial. La atención, según Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo – Uruguay (Sifpom), era la correcta. De hecho, había recibido el alta médica: ya no tenía ideas suicidas y sí planes de futuro. La contención de sus compañeros en la seccional, donde hacía tareas de chofer, había sido muy beneficiosa. “Pero le llegó la notificación de su traslado a la cárcel y se derrumbó”, expresó.

Para el Sifpom, era cuestión de tiempo que algo así pasara. Finalmente, sucedió. Para el gremio, mandar a un policía con un sumario por violencia doméstica en su contra a una dependencia del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), como lo establece una disposición del Ministerio del Interior del 24 de marzo de 2017, no hace sino empeorar una situación que ya de por sí es complicada. Lo denunciaron en el Parlamento, en el Ministerio de Trabajo, en Interior y ante instituciones de derechos humanos.

“Si vos estás pasando por una etapa de vulneración psicológica ir a trabajar a las cárceles es totalmente contraproducente”, señaló Rodríguez. Trabajar en dependencias del INR es algo que muy pocos policías desean. “Estás en una situación de demanda, de vulnerabilidad y de violencia todo el tiempo. Al compañero que mandan ahí, al Comcar o a Libertad, con una denuncia que puede ser falsa, lo terminan enfermando. Y si es un violento, ¿es conveniente mandar una persona así a la cárcel, donde tiene que cumplir tareas de contención? Es una bomba de tiempo”.

A eso se suma, añadió la dirigente sindical, el factor económico: por el protocolo, un policía denunciado por violencia doméstica es (o debería ser) desarmado. Sin el arma, ya no puede portar el uniforme. Entonces, ya no puede gozar de transporte público gratis.

El asesor legal del Sipfom, el exlegislador colorado Washington Abdala, recordó en su cuenta de Facebook los motivos por los que se oponían al traslado de los funcionarios protocolizados a las cárceles: no se trata de personal calificado, no tiene el “repertorio conductual y cognitivo” que requiere el tratar con población reclusa, son funcionarios bajo alto estrés, cabe la posibilidad de que se encuentren con la misma persona a la que mandaron a la cárcel siendo policías ejecutivo, entre otros. Ante el Parlamento, expresaron que esta medida parecía más orientada a arreglar una “demanda de recursos humanos” en las cárceles, mientras se “deja de lado aspectos sustantivos que hacen al funcionamiento del estado de derecho y los derechos humanos”.

Patricia Rodríguez dijo que F. había mostrado una mejoría en los últimos tiempos, en gran parte por la actitud de sus compañeros. “Era apreciado por sus colegas y él había manifestado que lo que mejor le hacía era trabajar con sus pares… se debería eliminar esta orden de traslado. Cuando a alguno les llega nos llaman desesperados para que hagamos algo. Sabíamos que algo así podía pasar”.

Sus compañeros de la seccional, muy afectados, se están turnando para asistir al velorio, en una ciudad de Canelones.


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Fuente: Ecos Uy

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