Prisión domiciliaria a policía por vender droga y celulares a reclusas

En lo que va del año, ya fueron procesados con prisión cuatro funcionarios policiales por comercializar sustancias y objetos con presos.

Una funcionaria policial fue sentenciada este miércoles a 20 meses de prisión domiciliaria, bajo control de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida. Desde hacía siete meses ingresaba drogas y celulares de alta gama para reclusas de la Unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a cambio de dinero. Por esta acción, en la que estaban involucrados el trabajador del almacén que funciona frente a ese centro penitenciario y familiares de las presas, obtenía ganancias por entre ocho mil y diez mil pesos semanales.

Este es el cuarto funcionario policial que recibe una condena por este tipo de episodios en lo que va del año, dijo a ECOS Carlos Rodríguez, jefe del Departamento de Información y Análisis Penitenciario del Ministerio del Interior.

La situación fue detectada hace aproximadamente un mes, añadió el funcionario. Se sospechaba que las reclusas de esta cárcel de mujeres, donde antes funcionaba el Hospital Musto, pasando Colón, cerca del límite entre Montevideo y Canelones, estaban obteniendo drogas y no a partir de las visitas. A través de vigilancia electrónica -a partir de la incautación de un teléfono celular- pudo detectarse a la responsable.

Se trata de la agente S.T.O.R., de 42 años, argentina de nacimiento. Ella levantaba la sustancia -marihuana- y los celulares en el almacén que funciona frene al ingreso a la unidad. De hecho, la policía detuvo a uno de los trabajadores de ese almacén, que primero fue considerado testigo y luego indagado en la causa, que finalmente fue dejado en libertado. Según informó Unicom, ese trabajador tenía una relación sentimental con la policía.

La funcionaria recibía el pago de familiares de las reclusas. El pago era en mano, para que no quedara registrado en ninguna red de giros (Abitab, Redpagos, Western Union), haciendo más difícil su detección.

Según datos proporcionados por el mencionado Departamento, con este ya son cuatro los funcionarios policiales procesados con prisión por suministro de estupefacientes, celulares u otros objetos a la población reclusa. De los tres casos anteriores, dos fueron en el penal de Libertad y el otro en la cárcel de Punta de Rieles.

En 2017 el número total de personas procesadas por esta causa fue 24. De ellos, 21 fueron funcionarios policiales -6 con prisión y 15 sin prisión- y tres fueron operadores penitenciarios civiles (todos con prisión).

Fuente: Ecos Uy

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