Pensiones clandestinas, un negocio en alza

Foto: D. Battiste

Días sin luz, colas a la madrugada para bañarse, ratas, abuso en el cobro, robos a las habitaciones. Las pensiones de Montevideo, que suelen atender personas de bajos recursos, ahora estallan por la llegada de inmigrantes. “La migración ha complejizado la situación en las pensiones de Montevideo.




Hay una superpoblación para la cantidad de pensiones que hay en la capital”, dijo a El Observador el prosecretario de la Intendencia Christian Di Candia.
En los últimos tres años más de 30 mil inmigrantes han llegado a Uruguay. Una encuesta de la consultora Cifra de marzo de este año reveló que el 55% de los uruguayos considera positiva la llegada de extranjeros al país. Pese a que la recepción ha sido buena, la llegada de inmigrantes provoca tensiones en la ciudad que se reflejan por ejemplo en pensiones clandestinas, un “negocio al alza” donde los conflictos entre inquilinos, vecinos y propietarios están a la orden del día (ver nota aparte). La Intendencia de Montevideo realizó un relevamiento primario en las pensiones de Montevideo y prepara cambios en la reglamentación para darle más “trasparencia” al sector y aumentar las exigencias para poder poner una pensión.

“La población migrante es usuaria frecuente de las pensiones no sólo por el factor económico sino porque optan por una solución habitacional que no los haga permanecer mucho tiempo en un lugar mientras definen su situación laborar y familar en el país”, dijo a El Observador la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. “Hay una relación directa entre esta modalidad de vivienda y la migración y es un fenómeno urbano generalizado en todas las capitales de Latinoamérica”, sostiene Goyeneche.



En Montevideo hay 154 pensiones habilitadas, según datos de la ONG Idas y Vueltas, que trabaja con inmigrantes y trabaja junto a la Intendencia en atender sus carencias de vivienda. Existen pensiones regulares inscriptas ante el Ministerio de Vivienda, pero además se ha constatado un “mercado en crecimiento” de pensiones clandestinas, aseguró Goyeneche. El grado de informalidad todavía no fue cuantificado. De todas formas la Intendencia constató que los usuarios pagan precios “muy altos” que oscilan entre los $4.000 por una cama y entre $6.000 y $9.000 por mes por una habitación con baño privado. Según Goyeneche se han detectado casos de discriminación “étnico racial” mediante precios diferenciales. A inmigrantes dominicanos, por ejemplo, se le cobra más que a los inquilinos uruguayos. La misma discriminación se produce cuando hay parejas o familias con hijos, contó Goyeneche.

La gran cantidad de migrantes en las pensiones y el aumento de quejas dejaron al descubierto la necesidad de cambiar la regulación ya que había abusos que la Intendencia no podía controlar. Actualmente la comuna sólo controla las condiciones edilicias de la pensión. Por eso, el Departamento de Desarrollo Social y la inspección general trabajan para endurecer la fiscalización exigiendo por ejemplo que en los locales esté claramente identificado el propietario y el encargado de la pensión (es frecuente la presencia de testaferros al frente de pensiones), que la “carta de derechos” de los inquilinos esté a la vista, y que en caso de clausura puedan intervenir los servicios de salud de la comuna. Además hay todo un “nicho de intervención” para la Dirección General Impositiva por el grado de evasión tributaria que hay en el sector, dijo Goyeneche.

LIMBO

Todos los martes, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho atiende consultas de inmigrantes y siempre aparece un caso de reclamos en una pensión, cuenta el abogado José Ceretta.

Las pensiones “son la ley de la selva”, dice Ceretta . Según el abogado, el negocio ha “proliferado” a costa de inmigrantes que no tienen a dónde ir. En “fincas abandonadas, ex hoteles, se ha encontrado un mercado para las pensiones. Estos lugares se manejan con contratos de palabra y pagos por adelantado. Si los inquilinos pagan $8.000 por un cuarto y viene otro que paga más, tiene que igualarlo o irse. Los administradores cambian todo el tiempo, se mete uno y saca a prepo a otro”, cuenta Ceretta.

Para el abogado, los inmigrantes son un público ideal para las pensiones clandestinas. “No tienen a dónde ir. No conocen nadie, no tienen residencia, por eso no pueden conseguir trabajo formal y sin trabajo no pueden solicitar una garantía para alquilar”, explica. Según el abogado, los inmigrantes tampoco son público para los refugios del Mides, porque implican horas de espera para ingresar, convivencia con gente en situación de calle y separación en caso de que los inmigrantes estén en pareja con hijos.




En caso de desalojo, el consultorio de la Facultad de Derecho los ayuda con los trámites ante el Ministerio de Vivienda para conseguir una garantía. En esa cartera no hay una política específica para inmigrantes. Sí están las garantías de contaduría General de la Nación para personas que no tiene ingresos. “Nosotros planteamos la situación ahí y vemos qué suerte tenemos”, dice Ceretta. En caso de no conseguirlas también se apela a un recurso de amparo para evitar el desalojo.

“Lo cierto es que esta gente queda en una posición donde todo lo que haga es reprochable”, dice. “Si se quedan en la calle la policía se los lleva detenidos porque cometen una falta. Si se meten una casa cometen un delito de usurpación aunque la casa esté abandonada. Si se meten en una pensión tienen dificultades. Y tampoco hay un sistema para obtener garantías. Evidentemente hay un vacío”, concluye.

La ONG Idas y Vueltas canaliza denuncias de inmigrantes y trabaja en la inspección y el seguimiento de casos problemáticos junto con la Inspección General de la Intendencia. “Las denuncias las tomamos de forma anónima ya que muchos temen represalias”, dijo a El Observador el investigador Leonardo Fosatti, miembro de la ONG e integrante del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población (NEMMPO), del Departamento de Antropología Social de la Facutlad de Humanidades. Un estudio realizado por este grupo en base a tres pensiones concluye que “son frecuentes las intervenciones policiales respecto a conflictos en las pensiones, así como las denuncias que inundan y se ahogan en el camino de la burocracia estatal. La población migrante sigue sujeta a la voluntad de unos pocos que les arrebatan sus derechos, ante los ojos de un estado que se pavonea. La realidad es que esta dinámica de negocio inmoral e ilegal existe ante los ojos de todos”.

Fuente: El Observador

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