Lula Da Silva irá a prisión

Sobre las 19:30 de este miércoles la jueza Rosa Weber votó negativamente al Habeas Corpus presentado por Luiz Inácio Lula da Silva, inclinando aún más la balanza que hasta este momento se encuentra contra Lula en un resultado de cuatro votos contra uno.



El voto de Weber era la gran incógnita de la sesión , dado que se espera que los otros diez jueces se repartan cinco para cada lado, por lo que, de no haber sorpresas, la sesión terminará con seis votos contra cinco y Lula irá a prisión.
La sesión se encuentra en cuarto intermedio y puede que termine en la jornada de mañana.

Casi como en un partido de fútbol, o de básquetbol, Brasil sigue expectante este miércoles la votación de la Corte Suprema de Brasil, acerca de si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ser detenido para cumplir una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.

La defensa de Lula (2003-2010) pretende que el STF le permita apelar en libertad hasta agotar las cuatro instancias del sistema jurídico, mientras que la jurisprudencia vigente autoriza que sea detenido tras la condena en segunda instancia que recibió en enero (ver nota aparte).

La presidenta del tribunal, Cármen Lúcia, llamó a respetar la decisión de la corte, que delibera bajo un esquema de seguridad reforzado y sometido a fuertes presiones de partidarios y rivales del carismático líder de la izquierda, y con el clima enrarecido por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército a favor de la prisión para Lula, que fue interpretado por varios actores políticos como una amenaza al quiebre institucional.

Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato que dejó al descubierto una red de corrupción entre empresarios y políticos, rechazó el recurso al señalar que Brasil ya había sido apercibido en tribunales internacionales por la extensión de sus procesos, que en muchos casos desemboca en una mera prescripción.

Pero su colega Gilmar Mendes emparejó la votación, argumentando que la posibilidad de detener a un acusado tras la segunda instancia dejó de ser una opción para convertirse en un “principio inflexible” de dictar “prisiones automáticas”. Y propuso una solución intermedia: que la condena sea ejecutada solo después del tercer grado (Superior Tribunal de Justicia, STJ), lo cual permitiría a Lula seguir libre al menos varios meses, hasta que esa corte emita su sentencia.

El tercer voto, de Luis Roberto Barroso fue para Lula. Pero la clave está en la cuarta en votar, Rosa Weber. Se trata de la única cuya postura no estaba clara antes de este miércoles, por lo que su decisión puede perfilar la suerte del habeas corpus que presentó Lula. Luego habría que seguir la votación de los otros jueces, pero debería ocurrir una sorpresa para que cambiaran su voto, que según las especulaciones previas estaban 5-5, con Weber como indecisa.

Lula, de 72 años, fue condenado por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó el habeas corpus ante el STF para evitar su encarcelamiento. Si su recurso es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.




La cuestión constitucional
Presunción de inocencia versus impunidad. Los que defienden la concesión del habeas corpus invocan el párrafo 57 del articulo 5 de la Constitución de 1988, aprobada apenas tres años después del fin de la dictadura militar (1964-1985). Ese artículo dice: “Nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de la sentencia penal condenatoria”. “Tránsito en juzgado” significa que todas las instancias judiciales confirmaron la sentencia. Y Lula fue condenado hasta ahora en las dos primeras instancias, con posibilidades de recursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).

Pero el 2016, el STF decidió por 6 votos a 5 que el cumplimiento de una sentencia podía empezar a ejecutarse desde la condena en firme en segunda instancia. Y eso es lo que la defensa de Lula cuestiona en el juicio de este miércoles.

Los partidarios de mantener el entendimiento actual afirman que la Constitución “nada dice de la ejecución provisoria de penas” y que en otros párrafos menciona la necesidad de “una duración razonable de los procesos”, explicó a la AFP la fiscal Silvana Batini, profesora de derecho en la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro. Según Batini, la posibilidad de recurrir a cuatro instancias antes de dar cumplimiento de una pena conduce en muchas ocasiones a la prescripción de la causa. Y pueden beneficiarse de ella sobre todo “quien tiene recursos financieros” para pagar abogados.

La presión del comandante del Ejército
Las palabras del comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, prendieron varias alarmas en Brasil. En medio de un clima político tenso por la suerte judicial de Lula, el jerarca militar salió a defender la posibilidad de que el expresidente vaya a prisión, lo que fue interpretado desde varios sectores como una afrenta constitucional.

A través de su cuenta de Twitter, Villas Boas aseguró el martes “compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”.

La declaración del oficial, respaldada rápidamente por varios de sus subordinados, fue interpretada por algunos congresistas como una indebida presión sobre los miembros de la Corte Suprema

La crítica más contundente a la aparente amenaza del general partió del exprocurador general de la República Rodrigo Janot, para quien la declaración no fue “buena”. “Si es lo que parece, otro 1964 será inaceptable”, dijo Janot en referencia al golpe de Estado que instauró la última dictadura militar en Brasil (1964-1985).

Igualmente emitieron su alerta organizaciones como Amnistía Internacional y un grupo de 150 juristas, abogados y defensores públicos, que, en un manifiesto, rechazaron “declaraciones que evocan actos de fuerza y configuran una clara interferencia en la Corte Suprema, algo que no ocurría desde la dictadura militar”.

El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, afirmó que las fuerzas políticas que quieren un “retorno al pasado” (en referencia al régimen militar) son “absolutamente minoritarias” y descartó la posibilidad de un golpe militar en Brasil. “De 0 a 10, la posibilidad es -1. No hay la menor posibilidad. Las Fuerzas Armadas son un activo democrático hoy”, dijo.

Las declaraciones violan el régimen disciplinario del Ejército, que inhibe a los militares de hacer declaraciones políticas, salvo que tengan autorización del presidente. Sin embargo, el hecho de que horas antes se reuniera con el presidente Temer, junto a otras autoridades militares, también dio pie a las especulaciones sobre un quiebre democrático.

Teme intervino en la polémica que “lo que más perjudica” al país es “desviarse de las determinaciones constitucionales. Se declaró “un esclavo” del texto constitucional.

Toda la polémica, además, se da en el medio de un aumento de la influencia militar en Brasil. Hace un mes Temer ordenó la intervención militar en Río de Janeiro para combatir al narcotráfico, además de designar a un militar como ministro de Defensa.

Fuente: El Observador

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