Luego de dos años de debate, delito de homicidio será inexcarcelable

Interpelación al Ministro Eduardo Bonomi

Comisión del Senado aprobó el incremento de las penas para este delito, algo que había sido acordado en 2016 en la Torre Ejecutiva.



Luego de casi dos años de discusión, el Parlamento se apresta a aprobar el incremento de penas para los delitos de homicidio, que de esta forma pasará a ser inexcarcelable.

La Comisión de Constitución y Códigos del Senado aprobó este viernes el proyecto que eleva de 20 meses a dos años el mínimo previsto para este tipo de crimen.

La iniciativa, que será refrendada la próxima semana en el Plenario de la Cámara Álta, es la última del paquete de medidas que, a mediados de 2016, el presidente Tabaré Vázquez acordó con todos los partidos con representación parlamentaria en sucesivas reuniones en la Torre Ejecutiva.

El incremento de la pena incluye a todos los casos de homicidio intencional. Si la víctima fuera un fiscal, policía o juez asesinado en el ejercicio de su función, está previsto que se considere un agravante muy especial.

Por otra parte la comisión avanzó en la jornada en la aprobación de los “ajustes” que el gobierno envió la semana al Código del Proceso Penal.


Según dijo a ECOS el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) , se ratificaron en forma unánime los cinco primeros artículos del texto, que le otorgan “mayor flexibilidad” a la Policía a la hora de actuar en su operativa y permitir una mayor coordinación con los fiscales a cargo de cada caso.

Tambien se pretende otorgale un mayor respaldo legal a ese accionar, luego que desde el Ministerio del Interio se dijera que los policías tenían “las manos atadas” por parte del Ministerio Público.

Así, la fuerza de seguridad podrá realizar investigaciones sin que necesariamente tenga que recibir instrucciones del magistrado a cargo.

La comisión se tomará algunos días para el tratamiento de los otros siete artículos, ante las dudas que planteó la senadora frenteamplista Constanza Moreira.

La legisladora de Casa Grande pidió al respecto la convocatoria de todas las cátedras de Derecho Procesal de las Universidades, del Colegio de Abogados y de la Suprema Corte de Justicia para que den su parecer sobre la iniciativa.

Sus reparos están referidos a la modificación de los requisitos para que un imputado reciba prisión preventiva mientras dure el proceso, que el proyecto hará preceptiva en los casos de delincuentes reincidentes o habituales.



La medida está prevista para los casos de violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, lesiones graves o gravísimas, hurto con agravantes, rapiña con extorsión, secuestro y homicidio.

El proyecto plantea asimismo que, en caso de existir semiplena prueba, se podrá establecer la prisión preceptiva en esos delitos si se tema la fuga del implicado o el entorpecimiento de la investigación, aunque se trate de primarios.

También se modifica el llamado “proceso abreviado”, un acuerdo de condena entre fiscales y defensores, cuando la pena mínima no supere los seis años de penitenciaría, según la tipificación legal del delito. Hasta ahora, se tomaba en cuenta la tipificación de la Fiscalía. En estos casos no correrán la libertad anticipada y las libertades vigiladas.

La suspensión condicional de la pena queda eliminada.




Por otra parte, a instancias de los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) el proyecto incorporará un nuevo artículo que establece medidas cautelares cuando la defensa de los procesados presente cualquier recurso de inconstitucionalidad.

El objetivo es que, en estos casos, se disponga la prisión del imputado para evitar las “chicanas” que provocan la detención del proceso mientras la Suprema Corte estudia el pedido.

Fuente: Ecos Uy

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