Los Comas, otra familia narco que extorsionaba y desalojaba a vecinos para extender su poder

Operativo Cruz de Carrasco
La policía relevó 64 viviendas irregulares y encontró armas, drogas y caballos

Los Chingas y Los Camala. Los Figueroa. La banda de el Paolo y el Macumba. Y ahora apareció otro grupo narco más. El Ministerio del Interior desplegó un operativo en la Cruz de Carrasco para desarticular a una banda criminal que había tomado el control del barrio, extorsionado y desalojado a varios vecinos para luego alquilar y utilizar sus viviendas. El grupo de delincuentes está constituido otra vez en torno a una familia. En este caso son los Comas, cuyo líder es un hombre que fue a prisión hace cinco meses cuando el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, lo imputó por un delito de extorsión y otro por rapiña.

“Tenía aterrorizado a todo el mundo en el barrio, y al parecer hubo quienes lo continuaron”, dijo Gómez a El Observador. Este fiscal -que imputó con prisión a otro menor integrante de esta banda meses atrás-, junto a Mónica Ferrero, la fiscal especializada en Estupefacientes, fueron quienes ordenaron 18 allanamientos en dos complejos habitacionales de esa zona.

Las irrupciones en los hogares, que se ejecutaron esta mañana, fueron posibles luego de una investigación de dos meses tras la cual se descubrió que los Comas aplicaban una “inusitada violencia hacia la gente del lugar”.

Tras la intervención policial, en la que participaron 250 efectivos, se detuvo ocho personas. Dos de ellas tenían una orden detención y los seis restantes tenían drogas y armas, dijo Alfredo Rodríguez, jefe de la Zona Operacional II de Montevideo. La policía incautó dos kilos de marihuana, más de 100 gramos de pasta base, una escopeta, y varios revólveres y pistolas y municiones.

“Fuimos directo por personas que sabemos que viven ahí y que son autores de varios delitos. (…) Después teníamos información que en algunos lugares guardaban las drogas y las armas. Además sabíamos que habían personas que habían sido expulsadas de sus hogares y nos entrevistamos con las personas que ahora viven en esas casas para saber cómo llegaron ahí”, dijo Rodríguez.

Ilegalidad
Las autoridades registraron 64 viviendas ilegales ocupadas por 176 personas: 50 de esas casas están sobre el corredor Panizza y 10 en un terreno donde estaba proyectada una escuela. Por otra parte, hay otras familias que ocupaban lo que antes era una policlínica; y hay casos, según indicaron fuentes de la investigación a El Observador, en que se construyeron muros en torno a columnas del alumbrado público,de modo que quedaban adentro de viviendas particulares -y así se colgaban de la luz- y cumplían además la función de pilar de las nuevas construcciones.

Otras conexiones caseras permitían que llegara agua a distintas viviendas sin pagar por el servicio.

“La idea de este operativo era reinstalar un poco el principio de autoridad que estaba en retroceso, o en algunos casos inexistente. Además de los policías, nos acompañaron inspectores de OSE y UTE. Hoy pudimos documentar que todos esos usuarios cuentan con los servicios esenciales, como la UTE y el agua, pero ninguno tiene medidor ni recibe factura, por lo que ninguno paga. Las conexiones de la luz son irregulares, hay cables colgados por todos lados”, dijo Rodríguez.

Las construcciones irregulares impedían el ingreso al predio y el tránsito de vehículos en los pasajes internos, por lo que tampoco podían acceder policías ni ambulancias: hoy, solo se puede transitar a pie. Además, como parte del operativo, se llevó a cabo un relevamiento para conocer a cada uno de los ocupantes de las viviendas.

El quinto
Este es el quinto operativo de este tipo que se despliega en Montevideo. El primero fue en Casavalle. Se trató del más extenso: tuvo varios capítulos durante cuatro meses. Comenzó en marzo y en julio se hicieron las demoliciones de las construcciones irregulares y con peligro de derrumbe. Ese operativo tuvo como resultado la condena de todos los integrantes de la banda de los Chingas que operaban en ese barrio y la de de vecinos que usurparon las viviendas que quedaron vacías por los desalojos: durante 2017 habían sido expulsados de sus casas por los narcos al menos 110 personas.

Las otras tres intervenciones se dieron en octubre. El 4 de ese mes entraron efectivos al complejo Quevedo ubicado en Jardines del Hipódromo, en donde actuaba el clan Figueroa, otro grupo familiar dedicado al narcotráco. Esa familia también desalojó a vecinos de sus casas para extender su poder en la zona, e instalaron un alambre perimetral y 36 cámaras de seguridad. Cuatro delincuentes fueron condenados y enviados a prisión.

El plan, definido por el presidente Tabaré Vázquez meses atrás -con el objetivo “de garantizar la convivencia en diversos enclaves territoriales del país”, según consigna el Ministerio del Interior-, siguió 12 días después en Villa Española: allí ingresaron 350 efectivos, se hicieron 54 allanamientos y se detuvieron 15 adultos, aunque fueron condenado solo dos con prisión.

Dos semanas atrás, la policía irrumpió en tres casas ubicadas entre el Cordón y Parque Batlle. El 21 de octubre se detuvo a 11 sospechosos y se encontraron varias armas y objetos robados en las calles Palmar, Acevedo Díaz y 20 de Setiembre. Fueron condenadas cuatro personas, entre ellas un hombre apodado “el Macumba”, que fue enviado cuatro años a prisión y otro año de libertad vigilada por los delitos de comercialización de drogas y tráfico interno de armas.

En Villa Española, en tanto, un operativo desarrollado el pasado 16 de octubre puso en la mira a la banda del Paolo, liderada por un joven de 21 años con antecedentes penales. Ese día se incautaron siete pistolas, dos escopetas y un revólver, varios tipos de droga –pasta base, marihuana, cocaína, pastillas–, y $167.647. Siete personas fueron imputadas por la Justicia, pero Paolo volvió al barrio sin que se pudiera probar su participación en el grupo criminal. Para la policía, la banda tiene un poder económico y una influencia similar a la que Los Chingas llegaron a tener en Casavalle, donde desalojaron a más de cien personas. Sus rivales en el barrio son Los Camala. Al igual que Los Chingas, los tres principales líderes de este grupo, entre los que se encuentra Carlos Alexis Correa Jabiel (alias el Camala), se encuentran presos desde setiembre de 2017.

Fuente: El Observador

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