Ley de Género: Jueces “absolutamente desbordados” y servicio “pésimo”

Suprema Corte de Justicia
Ante la falta de recursos, la Suprema Corte de Justicia admite que no puede obligar a los magistrados a cumplir con la normativa.

La demanda de atención judicial en materia de violencia de género ha cambiado en forma dramática en los últimos años. Si en 2005 había 5000 denuncias, el año pasado fueron más de 40 mil. Se trata de un crecimiento exponencial y todo indica que seguirán creciendo en esa línea.

En buena medida será por el impacto que tendrá la nueva ley Integral sobre Violencia Basada en Género. Un estudio realizado por la Suprema Corte Justicia apuntó a tres elementos que incidirán en el aumento de demanda.

En primer término el informe consideró los expedientes de otras materias que, por fuero de atracción, pasarán a tramitarse en la nueva órbita. Serán unos 29 mil casos, según informó en el Parlamento la presidenta de la Corte, Elena Martínez.

En segundo lugar están los expedientes que hoy se tramitan en materia de Familia Especializada y que deberán pasar a los juzgados de Género y que, según el análisis de la corporación, son 56 mil.

Estos caso incluyen las 26700 causas efectivamente tramitadas más las 40 mil denuncias informadas ante la Policía que, según la normativa, requerirán tramitación obligatoria.

Por último, el estudio de la corporación consideró los nuevos casos que surgirán producto de las nuevas formas de violencia y que la Corte calcula en unos 20 mil nuevos expedientes.

En total, la estimación de la Suprema Corte es que 75 mil causas deberán tramitarse anualmente en los juzgados especializados en Género.

Técnicamente, la ley está vigente desde el 19 de enero de este año. En la práctica, distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia hacen referencia a que la vigencia corresponde a cuestiones de fondo.

Pero, en lo procesal, solo podría llegar a ser aplicada por los jueces que consideren que van a poder cumplir con las normas” dijo Martínez, en el marco de su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para exponer sobre la Rendición de Cuentas.

La ley indica que una audiencia por violencia de género debe resolverse en 72 horas. Eso requiere que el magistrado reciba los informes técnicos y peritajes correspondientes. Algo que, con los recursos disponibles, es imposible cumplir.

“Por supuesto que en el país habrá lugares donde en algunos casos se podrá cumplir, pero no podemos imponerles a los jueces y que actúen de determinada forma y, en cierto tiempo, si sabemos que no cuentan con las mínimas herramientas necesarias”, sostuvo Martínez.

“Nos hacemos los bobos y hacemos como que no vemos que eso no se está cumpliendo. Por lo tanto, los que lo pueden cumplir lo cumplen, y los que no pueden, no cumplen”, admitió la presidenta de la Corporación.

A los efectos, un informe de la comisión de seguimiento de la ley de Género del Poder Judicial es lapidario. “El diagnóstico muestra juzgados saturados en Montevideo y en varias ciudades del interior, con jueces que no pueden tomar audiencias de cada uno de los casos , debiendo priorizar los más graves y resolviendo muchos de ellos por teléfono”, indicó Martínez.

“No se pueden resolver así casos como estos, lo que pasa es que el número desborda totalmente la capacidad de atenderlos de otra manera”, aseguró.

En el interior los trámites de violencia de género han acaparado a los magistrados, lo que resiente las demás materias. Los procesos civiles, laborales y de Familia se retrasan para atender la demanda de urgencia.

Por otra parte, según Martínez sería imposible que un juez esté en condiciones se resolver la cantidad de audiencias que debería tomar para cubrir todos los casos. Son entre diez y doce por día en Montevideo. Muchos magistrados deben cumplir doble horario para poder hacerlo.

La titular de la Corte estimó imprescindible la creación de, por lo menos, una sede especializada en todos los departamentos. En Canelones sería necesarios cuatro juzgados.

Para cumplir mínimamente con lo que requiere la ley, la SCJ pidió 30 millones de dólares en el mensaje presupuestal que envió al Parlamento. Un pedido que fue desestimado por el Poder Ejecutivo, que no previó recursos al respecto para la corporación.

“Nos parece que la importancia del tema es muy grande y sería una enorme frustración no poder concrentarlo”, dijo Martínez. “Tener una ley vigente a la que le falta implementación de recursos humanos y presupuestales para poder aplicarla, crea una frustración importante”, expresó.

Martínez fue consultada por los legisladores sobre qué pasaría ante la certeza de que los recursos necesarios no aparezcan.

“La Suprema Corte de Justicia no puede implementar una ley sin recursos, así de sencillo”, expresó. “No tenemos ninguna solución porque elaborar alguna sobre la base de la nada sería como hacer magia”.

Martínez dijo ser absolutamente consciente de los escasos recursos con los que cuenta el país. “Sabemos que tenemos que ajustarnos a la realidad, lo que pasa es que se legisló sin consultarnos”, dijo.

El servicio que brinda hoy la Justicia en relación a la violencia de de género es pésimo. Así lo definió en la comisión el director de la División Tecnología de la corporación, Marcelo Pesce.

“La demanda nos ha pasado por arriba”, admitió. “No nos da vergüenza admitirlo porque tenemos que ser sinceros. Estamos dejando fuera del sistema judicial una gran cantidad de casos.

Fuente: EcosUy

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