“El Guardián” operó 2 años sin el control de la Corte

El Guardián

Espejitos

Entre 2017 y este año, el Ministerio del Interior debió entregar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) informes trimestrales sobre la operativa del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL), más conocido como “el Guardián”.

En total fueron ocho los documentos que el Ministerio del Interior tenía que elevar a la Corte y no lo hizo, según dijo ayer a El País el senador nacionalista, Javier García. El parlamentario citó para hoy al ministro Eduardo Bonomi, para que explique las falta de controles del “Guardián”.

Bonomi se reunió en la mañana de ayer con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, para informarle que en la próxima semana la cartera brindará a la corporación todas las estadísticas sobre las interceptaciones telefónicas efectuadas por “el Guardián” en los últimos dos años.

El ministro de la Corte, Jorge Chediak dijo que, en la reunión de ayer, Bonomi admitió que fue informado mal sobre la supuesta ausencia de nombramiento por parte de la SCJ de la persona encargada de recibir la información.

Y se acordó entre ambas partes la entrega esta semana de la información sobre interceptaciones dispuestas por todos los jueces penales del país en el período completo de funcionamiento de “El Guardián”, dijo Chediak a El País.

El jerarca del Poder Judicial indicó que la Corte designó a Gustavo Nicastro como la persona responsable para recibir la información sobre “el Guardián” y la comunicó al Ministerio del Interior, según el documento que conserva el organismo.

Destacó que la primera actitud de la Corte fue asumir que el control de las interceptaciones telefónicas por parte de la Policía “no se estaba haciendo” y que la Corporación “estaba omisa” al no haber intimado cada tres meses al Ministerio del Interior el cumplimiento de un acuerdo firmado en 2017. Ambas partes decidieron convocar para el jueves 25 a las autoridades de las empresas prestadoras de los servicios telefónicos (Movistar, Antel y Claro) para acordar, de ser posible, la entrega por su parte de las interceptaciones efectivamente ejecutadas por las mismas en el período, dijo el jerarca del Poder Judicial. Y agregó que, en la reunión mantenida ayer, el Ministerio del Interior adelantó que no había tenido éxito en sus gestiones con las empresas.

Según Chediak, el contar con los dos listados -el del Ministerio del Interior y el de las empresas-, permitirá a la Secretaria Letrada de la Suprema Corte de Justicia efectuar el cotejo de control.

En varias ocasiones, Chediak expresó que la interceptación ilegal, esto es, sin orden judicial, era y es un ilícito. “Por ende cualquiera que lo hiciera sin orden judicial estaría cometiendo un delito”, sostuvo.

Entre 2017 y 2019, “el Guardián” realizó más de 10.000 interceptaciones en el marco de investigaciones de delitos, según informó ayer Telenoche y confirmó El País.

Choque

El 11 de julio, el senador del MPP y exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera tuiteó: “¿A quien defiende el Senador García cuando atenta contra un sistema de escuchas que a los únicos que debe preocupar es a los delincuentes? El Guardián es un sistema garantista y solo un Juez puede ordenar una escucha telefónica, tal como lo comprobó la AIN”.

El parlamentario también criticó a su colega blanco en Facebook: “El Senador García debería saber que antes de que se implementara este sistema, había varios sistemas de interceptación, donde no una sino varias unidades policiales tenían la posibilidad de interceptar comunicaciones y los controles eran difusos. Parecería que para algunos legisladores es más importante obtener un rédito político difundiendo falsedades, que el combate al Crimen Organizado”, dijo.

García replicó: “Lo que está claro es que para la propia Suprema Corte de Justicia no había garantías en el sistema de escuchas. El propio ministro del Interior tuvo que reconocer que a partir de ahora se van a extremar los controles”.

El senador blanco dijo que no se siente seguro con este sistema: “Hay que perseguir a los criminales y a las mafias políticas. Para mí lo jurídico está por encima de lo político. Quienes no creen en las garantías de las personas, tienen miedo cuando los controlan”.

Fuente: El PaísUy

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