Contrato directo desnuda problemas en atención psiquiátrica de niños

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) viene contratando en forma directa y desde 2013 para los servicios de internación psiquiátrica del Centro Hospitalario Pereira Rossell.




Se trata de la firma API SA, que en el primer año cobró $ poco más de $ 11 millones. Una cifra que se mantuvo constante en los dos años siguientes. En 2014 percibió $ 10 millones y en 2015 lo hizo por $ 14 millones.

En 2016, sin embargo, se produce un salto abrupto, ya que por sus servicios, contratados siempre en forma directa, percibió $ 47 millones. En 2017, dicha cifra se ubicó en 36 millones de pesos.

El hecho de que en los últimos años las erogaciones más que triplicaran la de los anteriores, y que API SA, que percibirá un total que supera los $ 100 millones, apareciera como la única en condiciones de prestar el servicio llamaron la atención del diputado nacionalista Martín Lema.

En la respuesta que obtuvo y a la que accedió ECOS, ASSE explicó que las licitaciones abreviadas abiertas por la institución “no cubrieron las necesidades de internación por el incremento de niños con dicha patología, así como la continuidad de internación de los casos crónicos luego de su alta”.

Más allá de un problema de gestión, el hecho evidencia una problemática de fondo. En su respuesta, la administración admite que, en el Estado, no existe otra estrategia diferente para este tipo de tratamiento que la internación.



Ante la consulta por la falta de un procedimiento competitivo para la provisión del servicio teniendo en cuenta los montos contratados, la respuesta indicó que en algunos procesos licitatorios se presentó un único oferente, lo que eliminó las posibilidades de competencia. El año pasado se procedió a una licitación abierta, que se encuentra en etapa de análisis por parte de una comisión asesora del hospital.

Lema preguntó además por el incremento de los pagos a API observados en 2016. El centro insistió en el incremento en el número de pacientes internados, e incluyó también como motivo la obligación de cancelar una deuda de $ 18 millones correspondiente a años anteriores.

La administración debió responder a su vez por el pago erróneo de una factura al contratista por $ 2,2 millones en mayo de este año que estaba a nombre del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU).

Según la explicación recibida por Lema, se trata de servicios a pacientes derivados al Pereira Rossell, por lo cual el pago le correspondía al Centro Hospitalario. Por error, se dijo, API SA la emitió a nombre del instituto. “Como medida, en las facturas posteriores se incrementaron los controles”, se aseguró.




Fuente: Ecos Uy

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