Bachelet adelanta informe sobre Venezuela

Michelle Bachelet

Dictadura

Un día antes de lo previsto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer su informe tras su visita de tres días a Venezuela, que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de junio. En un documento de 18 páginas y basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad, la exmandataria toma una posición muy crítica respecto del régimen de Nicolás Maduro y denuncia que en Venezuela se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”. El informe abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019.

En un primer punto el informe “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”. “Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala.

A su vez, “en cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos”. Incluso advierte que “hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento”. Según el documento, las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

Si bien el informe de Bachelet reconoce qu durante dos décadas el gobierno de Hugo Chávez “promovió políticas sociales a través de las “Misiones Bolivarianas, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos”. También sostiene que “el gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al “over-compliance”, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas”.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con las violaciones a los derechos políticos de los venezolanos. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, apunta. “Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”, indica.

Simulacros de tortura

En cuanto a la oposición, el informe de Bachelet explica que las políticas del régimen “van acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él. La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes desestabilizadores”. Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal “Con el mazo dando,” presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

Sobre los presos políticos, El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Es precisamente en este último punto en el que Bachelet lanza durísimos dardos contra Maduro. Al hablar de las torturas, sostiene que “en la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”. “Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”, agrega.

El informe sostiene también que “según el Gobierno, la implementación de operaciones de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio”. Al mismo tiempo, “las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”.

Y sobre la migración de los venezolanos, el documento afirma que “el número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil. Violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales. Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación”.

A modo de conclusión, el informe apunta: “El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales”.

Recomendaciones

Tras el duro diagnóstico de la situación en Venezuela, Bachele insta al gobierno de Maduro a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva“.

Al mismo tiempo, exige que “adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia; ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio; adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación y cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra”.

Por otro lado recomienda que el gobierno “detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones; disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas; garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas y aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles”.

Fuente: La Tercera

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