Auditorías en el Mides detectan un desvío millonario de fondos

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) empezó las auditorías sobre lo hecho, o no, en la administración anterior. En menos de una semana de pesquisas, los auditores encontraron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG, más de 28 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y unos $ 4 millones en multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja con el BPS.

Esto -léase el control administrativo hacia atrás- “recién empieza”, dice Nicolás Martinelli, director General de Secretaría del Mides. Porque recién la semana pasada se resolvió la puesta en marcha de una Unidad de Auditoría, una dependencia que se había creado por decreto, en 2013, pero que jamás funcionó.

De hecho, la Auditoría Interna de la Nación -que hace tres años no realiza inspecciones en el Mides- se comprometió a colaborar en las investigaciones y, en unos 20 días, dará inició a la revisión del departamento al que rinden cuentas las ONG y las cooperativas.

Esa elección no es casual. Según Martinelli, “por este departamento pasan millones y millones de pesos y se quiere conocer si hubo desvíos”.

Sucede que una primera pesquisa, de los cuatro noveles auditores del Mides, ya se encontró un faltante de casi $ 10 millones por impagos de alquileres de refugios. El Ministerio les da a las ONG y cooperativas que atienden refugios el dinero necesario para el pago del alquiler de la vivienda y para los gastos de funcionamiento (incluyendo los salarios). Pero unas 15 organizaciones no efectivizaron el pago a los propietarios de los locales. Una ONG, en concreto, debía 15 meses de alquiler.

“A priori podría haber una apropiación indebida o una estafa”, cuenta el director General de Secretaría del Mides. Pero antes de ir a la Justicia penal, los auditores quieren reunir las pruebas.

Lo curioso de ese faltante de dinero es que los propietarios de las viviendas alquiladas no se quejaban del impago. ¿Cómo es posible? El Estado terminaba haciendo un doble reembolso: al que pagaba el Mides a las ONG, se sumaba el del Ministerio de Vivienda que, como era garantía del alquiler, debía abonar la cuota a los propietarios. Entonces los dueños recibían su dinero, no reclamaban, y la maniobra (aparentemente delictiva) seguía.

“La parte administrativa y de gestión es el talón de Aquiles del Mides”, admite Martinelli. Este ministerio fue el más observado por el Tribunal de Cuentas en el quinquenio anterior, al punto que el exintegrante nacionalista Ruperto Long había dicho que “es casi semanal” la intervención del Tribunal por gastos del Mides fuera de la norma.

De ahí que la necesidad de una auditoría en el Mides haya sido una promesa de campaña electoral del hoy presidente, Luis Lacalle Pou. Esta semana, el propio mandatario tomó conocimiento de primera mano sobre las investigaciones y le encomendó a Martinelli, quien es de su confianza, “no aflojar”.

“Un misterio”

El equipo de profesionales que inició las auditorías no salía de su asombro cuando se topó con una planilla de los inmuebles que habían sido donados al Ministerio. En el listado figuraban 28 predios o viviendas que habían sido donados al Pronadis, de los cuales, a priori, solo tres se estaban usando efectivamente.

“Pequeña hectárea próxima al río Santa Lucía, utilizado actualmente para pastoreo de un intruso”. “Ocupado por poseedores precarios”. Estas fueron algunas de las situaciones con las que se encontraron los auditores. Pero de todos los inmuebles hubo uno que, por su dimensión, les llamó la atención: un campo de más de 420 hectáreas en Lavalleja.

Se trata de un predio arrendado por el señor C. F. J. Apenas se sabe que el dinero de ese alquiler va a parar a una cuenta del Banco República. Pero las autoridades desconocen si el monto es el que corresponde, si hubo un llamado previo para ese arrendamiento, si se entregó “a dedo”, si el dinero reunido iba a parar a personas con discapacidad o qué. Como dice Martinelli, “es un misterio”.

La directora del Pronadis durante los últimos años era Begoña Grau. Ella, a quien el sindicato del Mides había calificado de persona no grata, fue, tras sucesivas denuncias de maltratos, la primera funcionaria que cesó la actual administración.

“El regalito”

El programa socioeducativo Uruguay Trabaja, al que en la última convocatoria se anotaron más de 40.000 personas para 3.000 cupos, acumuló más de $ 4 millones de deudas con el Banco de Previsión Social.

Según Martinelli, entre diciembre y febrero el Mides dejó de pagar las inscripciones de obras al BPS y fue acumulando multas. Estos $ 4 millones son, a juicio del jerarca, “el último regalito que dejó la anterior administración”.

A raíz de esta deuda acumulada, el director General de Secretaría autorizó, en carácter urgente, la realización de una auditoría de los pagos y las multas entre el Mides y el BPS por el programa Uruguay Trabaja. Y según consta en la resolución firmada el viernes pasado, se le encomendó a la funcionaria S. E. la revisión de los últimos cinco años.

“Es muy temprano para saber si hay responsabilidad de las autoridades ministeriales o algún director político (del gobierno anterior)”, dice Martinelli. Y concluye: “Pero llega a haber responsabilidad, se van a iniciar los caminos que correspondan para que (las autoridades) respondan ante quienes corresponda”.

El contenedor que encendió la alerta

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Foto: El País

Mientras las nuevas autoridades del Mides reorganizaban la cartera, a comienzos de abril, encontraron un expediente que llevaba cuatro meses “trancado”. O, mejor dicho, por no haberse avanzado en ese expediente se había dejado “olvidado” en el puerto de Montevideo un contenedor con insumos médicos y mobiliario. A raíz de ese caso, el Ministerio inició una investigación administrativa, la primera de tantas que tiene previstas para este año, según comentó a El País el director General de Secretaría, Nicolás Martinelli.

La revisión interna del ministerio incluirá la “reformulación de los procesos del Mides”. La cartera tiene 56 procesos internos, una especie de hoja de ruta sobre los pasos que debe seguir un trámite. “Hemos notado que los procesos son lentos, burocráticos y poco controlados”, explicó Martinelli.

Esta multiplicidad de procedimientos, y de “programas y programitas” era lo que más le preocupaba al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, antes de asumir su puesto actual. En este sentido, el secretario de Estado y su equipo quieren estudiar los más de 40 programas sociales por los que, cada año, pasan más de $ 1.000 millones.

Fuente: El PaísUy

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