Antilavado investiga 20 nombres en Uruguay por causa de los cuadernos K

La Secretaría Nacional Antilavados está hoy atenta a la prensa argentina y toma nota: Oscar Thomas, Carlos Ferrari, Ernesto Clarens, el ya fallecido Daniel Muñoz, los arrepentidos… Toma nota y busca en el sistema financiero uruguayo, para ver si alguno de ellos blanqueó aquí algo del enramado de coimas denunciado en la Justicia argentina a partir de los “cuadernos de Oscar Centeno”, en referencia a un exchofer del Ministerio de Planificación de ese país.

Ya había un grupo de trabajo sobre el tema, precisa el director de la Agencia Nacional Antilavado, Daniel Espinosa. Este hasta ahora giraba en torno a la estancia El Entrevero, en Maldonado, comprada en 2011 por una sociedad cuyo dueño era el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez. Estaba dirigido por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco.

“Y ahora estamos reactivando al grupo. Viendo si algunas de las personas involucradas tienen bienes acá, si de estas confesiones que surgen se pueden activar causas de lavado acá”, indica Espinosa.

Al momento, señala el funcionario, se están estudiando a unas 20 personas “y algunas sociedades”. Muchas de ellas ya venían de la causa anterior, cuyas puntas sueltas ahora podrían unirse. Veinte personas y sumando…

“Esta lista va a seguir creciendo en la medida que se sigan sumando declaraciones”, expresó.

En declaraciones anteriores a ECOS, Pacheco había considerado realizar un exhorto a la Justicia argentina para saber de primera mano cuáles eran los vínculos que los implicados tenían con Uruguay. El inconveniente de este camino era tener que esperar por los tiempos burocráticos. La información que ya ha hecho pública la prensa ya amerita moverse: la semana pasada Clarín publicó que el financista Ernesto Clarens, responsable de sacar del país 200 millones de dólares fruto de las coimas, realizó 164 viajes a Uruguay entre 2003 y 2015. La ciudad coloniense de Carmelo era un destino habitual.

Como organismo auxiliar de la Fiscalía de Crimen Organizado, la Secretaría Antilavados secunda a Pacheco en lo que pide y lo que decide. “Él quiere información de primera mano, pero también va a esperar un poco para pedir. Por ahora nos movemos con lo que sale en la prensa, nada impide que si encontramos algo en esto que estamos buscando se imponga una medida cautelar. Y… alguna cosa se encontró”.

Espinosa no quiere decir qué fue lo que se encontró hasta informar al fiscal. Sus movimientos son independientes de los del fin de semana, cuando la Policía intentó ubicar a dos empresarios argentinos prófugos, Thomas y Ferrari, en Piriápolis y Punta del Este.

Ahora, más difícil

Este episodio puso sobre la mesa la fragilidad de las fronteras en Uruguay. Espinosa hace la precisión de que los controles podrían ser mejores, pero que aún así “eso no habría evitado estos casos de lavado”.

El titular de Antilavado señala que al ser anteriores a 2015, el marco legal actual de control no los hubiera comprendido. Desde el 1 de abril de este año, debido a la Ley de Inclusión Financiera, ya no es posible comprar autos o inmuebles de más de 5.000 dólares en efectivo. “Antes venían con el bolso y compraban lo que fuera, como hacía (el sindicalista Marcelo) Balcedo”. Ahora también una sociedad está obligada a informarle al Banco Central del Uruguay (BCU) sobre quiénes son sus accionistas y beneficiarios finales. “Antes comprabas una sociedad y no pasaba nada”. También subrayó la importancia de haber terminado con la “tolerancia a los fondos informales”.

Se espera que estos casos disparen los alertas necesarios para evitar los casos de lavado, que Espinosa considera evidentes, a la vista de todo el mundo, como las torres vacías aun en temporada en Punta del Este.

“Un inmueble vacío es un indicio importante de lavado. Es algo inusual. Si construyo algo, es para venderlo. No debería tenerlo vacío. Ni darle un uso diferente al esperado”.


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Fuente: El Telégrafo

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