Análisis de la regasificadora

regasificadora
Desde la inversión fallida a la comisión investigadora y a un posible vínculo con el Lava Jato en las que las pérdidas han marcado constantemente el rumbo.

Por Facundo Olivera Ordeig

Facundo Olivera Ordeig
Tec. en Gestión Turística y Hotelera. Dirigente de @CimarronesPN. Lista 66. Congesal Nacional (s) por la Juventud del Partido Nacional. Síguelo en Twitter

La construcción de una planta regasificadora fue una promesa de inversión que culminó con daños, perjuicios y grandes pérdidas para las administraciones implicadas, por esta razón el 8 de Diciembre de 2016 se crea la comisión investigadora a raíz de la denuncia del Diputado Pablo Abdala, en la que luego de dos años de trabajo, cuatro de los cinco partidos que la integraron coinciden en la necesidad de radicar la denuncia para continuar desde la Justicia competente, pero tanto los hechos como las pérdidas que se han generado deben ser analizadas para un mejor entendimiento de la gravedad que conllevan pues, aunque ha sido notoria su repercusión, para muchos aún es un tema secundario cuando la realidad es otra pues las “inversiones fallidas” son una conducta que se ha repetido en los últimos años y que, hasta el momento, no ha conseguido que todos sus responsables paguen como deben. Comencemos…

La empresa Gas Sayago se crea específicamente para hacerse cargo de la regasificadora, correspondiéndole el Derecho privado, el abuso del mismo deriva en que funcionarios públicos ejercieran un notorio abuso de autoridad en distintos tramos del proceso, lo que no solo refiere a los directores y a los gerentes de UTE y ANCAP que dirigieron la empresa sino también a quienes autorizaron dichas decisiones, pues, al tener como único inversor al Estado, se puede pensar en la configuración de delitos contra la administración pública, es decir, contra cada uno de nosotros pues esta no es otra que una extensión de nuestro interés como ciudadanos, en la que contrajimos deudas y compromisos por un valor de 180 millones de dólares, una cifra que representa a 270 mil salarios, o en un año a la financiación de 22 mil fuentes de empleo, es decir, casi la mitad de las que se han perdido durante los gobiernos de izquierda.

Los escenarios irregulares junto a los desorbitantes pagos se deben incluir, pues, durante las administraciones de Beno Ruchansky – UTE – y Daniel Martínez  – ANCAP – , tan solo el costo de funcionamiento de Gas Sayago se elevó en tres años a 40 millones de dólares, un costo que equivale a dragar desde su inicio hasta el kilómetro 206.8 del Río Uruguay, o si lo pensamos desde un ámbito similar, a la compra de más de 522 mil barriles de petróleo.

Esto no termina aquí pues ahora debemos adentrarnos en el vínculo con la empresa OAS, la cual, de acuerdo a las declaraciones con el Ingeniero Casaravilla en la comisión, sugieren una decisión favorable hacia la empresa vinculada al Lava Jato previa a realizarse la licitación, lo que al tenerse en cuenta este hecho no es de extrañar que por un “error” del Estado en relación con los tiempos de los trámites se debiese pagar como resarcimiento el monto de 20 millones de dólares, es decir, el equivalente al alimento que Primaria podría financiar para un total de 16.572.666 escolares en todo el territorio nacional, pero se le debe sumar los procesos judiciales que ha iniciado OAS por daños y perjuicios por un monto de 30 millones de dólares y el que se ha hecho público ayer, en la que se reclaman 13 millones por 13 kilómetros de obras. En total, 63 millones de dólares a una empresa que se vincula con el reciente escándalo de corrupción brasileño del que aún, seguramente, no conocemos ni la mitad.


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Si no has ido sumando, nos encontramos frente a 280 millones de dólares los cuales nunca recuperaremos, y del que los responsables deben de ser, por lo menos, llevados a juicio por sus acciones en las que, por lógica, gran parte de la historia la sepamos cuando cambie el Gobierno como ha sucedido en la vecina orilla.

Hasta la próxima.

Tec. Facundo O. Ordeig

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