A los tiros en Salto: cómo la inseguridad se apoderó del departamento

Manifestación Salto

La lluvia era intensa y Miguel Ángel Gonzálvez no podía dormir. Afuera se escuchaban los truenos de la tormenta que azotaba la ciudad, pero también se oían ruidos “raros”, que ahora no sabe explicar. Algo intuía, pero el esquivo sueño finalmente lo venció sobre las tres de la mañana. Dormía en un colchón que tiraba al piso todos los días entre los estantes de su almacén, al frente de su casa. Quería evitar que le sucediera lo que le pasó hace un año: levantarse y encontrar el comercio vacío con los ladrones huyendo.




Cuando finalmente abrió los ojos vio un bulto que se movía a pocos metros, una sombra en un rincón. Estaba rodeado, aunque todavía no entendía qué pasaba.

La tormenta que castigaba esa madrugada del lunes 30 de abril tuvo su fin, pero no la de la inseguridad que tiene paralizada a Salto desde entonces. Las noticias policiales coparon desde ese momento los titulares de los diarios locales, ocuparon la agenda del Centro de Comerciantes de Salto, y preocuparon a los jerarcas políticos de todos los partidos, que vieron cómo centenares de vecinos cortaron el ingreso a la ciudad el domingo y se enfrentaron al jefe de Policía del departamento, Oldemar Avero, que les anunciaba que los desalojaría a la fuerza si no se retiraban.

“Exigimos que nos cuiden –dijo uno de los manifestantes–. ¿Es tanto pedir que nos cuiden? ¡No nos están cuidando, nos están matando! ¿No se dan cuenta que todos los días nos matan a uno? No se puede trabajar, no se puede andar tranquilo por la calle”.



Dos días atrás había sido asesinado Néstor Enríquez de Mattos en su kiosco de un tiro en la espalda disparado por un delincuente –todavía prófugo– que lo mató porque su víctima no tenía más dinero para darle. Igual de trágica e impactante para el pueblo salteño había sido la muerte de Andrés Duarte, que con 22 años trató de defender el 28 de marzo a su madre del asalto a la ferretería familiar, y también recibió una bala como castigo. La mujer, de ojos negros y tristes, sigue atendiendo el negocio pero ya no quiere acordarse de nada.

“En este último mes, los casos se dispararon demasiado”, lamenta Carlos Rodríguez, uno de los tres fiscales que tiene Salto para atender todos los delitos que ocurren en el departamento. Nicolás Sant’Anna, presidente del Centro Comercial –una sociedad civil que desde el año pasado se reúne con las autoridades para buscar una solución–, coincide con el diagnóstico. “Todas las semanas tenemos episodios (de asaltos a comercios), y cuando empezamos a preocuparnos –a fines de 2016–, teníamos un promedio de un golpe cada dos meses”.




El Centro tuvo una participación especial en la prensa durante las primeras semanas de noviembre, cuando llegaron a contabilizar más de 20 casos de vidrieras estalladas para robar mercadería. Los comerciantes participaron esta semana de una reunión con el intendente Andrés Lima (Frente Amplio) y el presidente de la Junta Departamental, Alberto Villas Boas. En una conferencia de prensa transmitieron los principales puntos que acordaron demandar al gobierno para mejorar la seguridad.

Detrás de una heladera
Aturdido por el sueño, Gonzálvez se levantó, uno de los hombres lo golpeó con un fierro en su hombro y cayó al suelo: todavía le duele, dice, y se lo toca. Ahora, casi un mes después, está sentado en la terraza de su casa, que queda justo arriba de donde tenía el almacén. Por todos lados hay materiales chatarra –fierros, alambres, madera, pedazos de bicicletas y cajones–, algunos de los cuales usó para reforzar la seguridad de su casa: puso dos alambres de púa en el balcón y una reja con puntales arriba de la puerta de entrada por la que pasaron los ladrones aquella noche, que aunque quisiera olvidarla, recuerda con claridad.

“Se ve que le erraron a la cabeza, y eso que a ellos les iluminaba la luz que entraba de la calle, porque yo no veía nada, solo veía sombras”, cuenta. Cuando se volvió a levantar, lo hizo empuñando un revólver que tenía al alcance de su mano. “Quitarle la vida a alguien no debe ser fácil”, dice como si no fuera él quien apuntó a una de las sombras y disparó. Los demás huyeron, pero un cuerpo quedó tendido en la entrada del kiosco.
“Me escondí detrás de una heladera, hasta que se acabara todo. Con el tiro, imaginaba que se irían corriendo, pero nunca creí que le hubiera pegado. Soy un tipo trabajador, tengo casi 60 años y nunca quise lastimar a nadie, y menos que menos matar. El arma la tenía por las dudas –dice–, para disparar hacia arriba, como en casos como este”.




Gonzálvez quedó emplazado y el fiscal del caso –Carlos Rodríguez– todavía espera el resultado de algunas pericias –como la balística–, pero todo apunta a que el disparo se dio bajo la figura de la legítima defensa. La dificultad probatoria reside en que no hubo testigos del hecho: su pareja dormía en el cuarto y su hijo en un apartamento al fondo. “Cada uno cuidando lo que tenemos”, dice.

Narcos y desempleados
Cuando Fabián Boccia, secretario general de la Intendencia de Salto, se refiere a la inseguridad, menciona dos grandes problemas sociales. El primero que alude es el desempleo que sobrevino en el departamento en los últimos dos años. “Por ejemplo, las cosechas de arándanos y naranjas se han achicado mucho, y eso ha generado una población desocupada con poco acceso al trabajo”, explica. En la calle, muchos hacen referencia también al receso en el sector de la construcción.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo de Salto en 2017 llegó al 9,9%: es el segundo departamento con la tasa más alta, solo superado por Durazno –con 12,3%–. Respecto a 2016, subió 1,2%. “Además –dice Boccia–, viene gente de otros departamentos a buscar trabajo y cuando no lo encuentran queda una población flotante”.




El segundo problema que identifica Boccia es el narcotráfico. La Policía tiene contadas más de 180 bocas de estupefacientes, que pululan en los distintos barrios de Salto. Los vecinos las conocen, y no hace más que señalar hacia una esquina, pero no sienten que la policía las combata. “La droga representa el 90% de los casos de violencia”, dice el fiscal Rodríguez, que sin embargo niega que en Salto haya bandas de narcotraficantes organizadas, como ocurre en otros puntos del país: Chuy (Rocha), Minas (Lavalleja), San Carlos (Maldonado), el norte de Montevideo.

“Cuando uno ataca una boca de droga y se formaliza o condena a un integrante de una familia es posible que los otros la continúen: es difícil que esa boca no siga operando o se multiplique. La familia sigue”, dice Rodríguez.

Cuestión de recursos
Rodríguez es un hombre alto, encorvado y de lentes, que atiende de pie en el zaguán de la Fiscalía. No invita a pasar a su despacho. No hay tiempo y no tiene descanso, pese a que en este momento el fiscal de turno no es él. “Estamos en una situación totalmente agobiante, trabajamos 24 horas sin parar, y dormimos cuando podemos”, aclara por si fuera necesario.

Mirna Busich tampoco tiene tiempo, ni siquiera para conversar parados: solo por teléfono. Ella sí está de turno este martes, y dice: “Es una locura trabajar en Salto. Ni siquiera nos cruzamos entre los fiscales. Hacemos lo que podemos”.

Según cuenta Rodríguez, los fiscales acumularon cerca de 1.800 casos sin atender –600 por cada turno–, entre los que se encuentran varias rapiñas, que en razón de la optimización de los escasos recursos disponibles se dejan de lado por falta de pruebas o testimonios, y se priorizan aquellos delitos en los que hay testigos o pistas claras. Además, los fiscales de Salto también deben atender las causas de la Justicia de Familia y Menores –entre otras materias– y las del proceso penal anterior, sustituido en noviembre de 2017. En el caso de Rodríguez, su Fiscalía también acumula 400 causas del proceso penal anterior.




“Tenemos entre 10 y 20 eventos por día, no hay forma de atenderlos”, sigue lamentándose el fiscal. “Ni la policía ni nosotros podemos atender el volumen y la variedad de casos. Es imposible: ellos también saltan de un caso a otro, todo el tiempo”.

Por todo ello, la Fiscalía de Salto redactó un informe que días atrás envió a la Fiscalía de Corte en donde detallan sus carencias y solicitan más recursos. También hay otro problema, dice Rodríguez: desde comienzo de año, el Ministerio del Interior destinó a Salto –así como a otros departamentos– el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), un mecanismo de patrullaje que destina efectivos en aquellas zonas donde se registra las tasas más altas de delitos. Pero en Salto generó un efecto de desplazamiento indeseado. Inicialmente, se destinaron efectivos al centro de la ciudad para frenar la ola de asaltos a comercios. Sin embargo, ahora los delincuentes se desperdigaron y actúan en cualquier barrio.

Fuente de trabajo
Gonzálvez decidió cerrar su comercio luego de que un grupo de delincuentes volviera a los pocos días del incidente para decirle que se cuidara, que iban a volver por él. Pero no les alcanzó con eso: también lo amenazaron por Facebook. Tiene los mensajes, los nombres, los apellidos y las fotos, pero no hizo la denuncia y no piensa hacerla. “Prefiero cuidar la vida de mi familia”, dice, y hace mención a la figura de la legítima defensa. “Esto es un problema que me trajo la inseguridad y la delincuencia que estamos viviendo”.

El acuerdo político sobre ese asunto es notorio. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, recibió el martes a las diputadas de Salto Manuela Mutti, Catalina Corre –por el Frente Amplio– y Cecilia Eguiluz –por el Partido Colorado– y les transmitió la respuesta que dará su cartera a la inseguridad salteña: en seis meses, se sumarán al departamento 100 agentes, y se incorporarán 25 efectivos de la Guardia Republicana, y se aumentarán las cámaras de seguridad, entre otras medidas. La misma respuesta le dieron al intendente Lima el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el subsecretario del Interior, Jorge Vázquiez, el jueves.

De todos modos, a Gonzálvez lo que le angustia es haberse quedado “sin una fuente de trabajo”. Pero lo que más dolor le causa son “algunas injusticias”, dice, y limpia unas migas sobre la mesa: “Que me digan asesino, un criminal, eso sí me duele”.

Acuerdo
La Intendencia de Salto, el Centro Comercial, la Asociación de Profesionales de la Comunicación y la Asociación Agropecuaria de Salto, la Asociación de Hoteleros y la Liga de Turismo de Termas de Arapey acordaron reclamarle al gobierno más policías, tener una sede permanente de la Guardia Republicana en el departamento, aumentar el número de cámaras, tener un centro de rehabilitación para adicciones, la extensión del PADO , y más fiscales.

Fuente: El Observador

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